Propuestas del Partido Comunista para afrontar la catástrofe

Nuestro país está enfrentado a una gran catástrofe. El terremoto, y el maremoto subsiguiente, provocaron inmensos daños. La trágica muerte de centenares de compatriotas, la destrucción de viviendas y fuentes trabajo ha develado brutalmente que el modelo de país impuesto en las últimas décadas deja en las más absoluta indefensión la vida y la integridad física de millones de chilenos, sus bienes y la seguridad nacional. Las instituciones no han funcionado, se ha derrumbado la falsa imagen de país supuestamente desarrollado.

El espíritu de nuestro pueblo se ha expresado en el coraje con que los directamente afectados han enfrentado el cataclismo y en las múltiples formas de solidaridad que muchas organizaciones sociales, entre ellas la CUT, organizaciones estudiantiles, de profesionales y de la cultura y otras promueven para fortalecer la indispensable cadena solidaria. En muchas comunas la solidaridad vecinal se expresa con fuerza. Valoramos esta actitud y hacemos y seguiremos haciendo nuestro aporte en cada lugar.Esta etapa está en curso y debe ser reforzada con una intervención y apoyo mayor del Estado.

A la vez, hay que diseñar una política de reconstrucción y desarrollo del país que saque las lecciones de lo ocurrido que no son sólo efecto del sismo sino consecuencia directa del modelo de Estado y sociedad impuesto a partir de la dictadura de Pinochet.

1.- Es esencial revertir la reducción del rol del Estado impuesta por el neoliberalismo que debilitó las capacidades de reacción de la sociedad ante el desastre. Servicios básicos como electricidad, agua, comunicaciones, carreteras y caminos, traspasados a grandes capitales extranjeros y nacionales, mostraron una ineficiencia extrema que agravó la situación de la población a lo que se añadieron errores y debilidades de aparatos de gobierno. Esos sistemas esenciales deben ser convertidos en efectivos servicios públicos y no en negocios. En ellos el Estado debe asumir una responsabilidad decisoria. Las modificaciones legales, las
inversiones e intervenciones necesarias deben ser realizadas sin demora.

2.- Organismos internacionales han hecho una evaluación de los daños materiales estimándolos en una cifra que varía entre 15 y 30 mil millones de dólares. Es obligatorio hacer un catastro completo de ellos en cada comuna y disponer de datos reales. Se estima en 500 mil las viviendas afectadas en grados diversos lo que significa que no menos de 2 millones de chilenos en problemas, muchos de ellos con todos sus bienes perdidos. Se trata en la mayoría de los casos de gente muy modesta pero también de sectores medios y hasta de altos ingresos que han sido afectados por empresas que construyeron evadiendo las normas de construcción para incrementar sus ganancias. La responsabilidad aquí incluye también a los órganos estatales y municipales responsables del control de calidad y del cumplimiento de las normas antisísmicas obligatorias en un país como el nuestro. Planteamos la revisión a fondo de dichas normas y del sistema de control estatal que hoy es claramente insuficiente y explica muchos de los desastres de las edificaciones nuevas.

3.- Proponemos que el Fiscal Nacional ordene la constitución inmediata de fiscales para iniciar procesos de investigación que establezcan las responsabilidades existentes en la construcción deficiente de edificios, casas, de hospitales y escuelas, carreteras y puentes, que han colapsado por irresponsabilidad y dolo. Eso es urgente pues antes de las demoliciones forzadas debe obtenerse muestras y evidencias que permitan un correcto proceso.

4.-Una medida impostergable es el despliegue de un plan de construcción de viviendas y recuperación de la infraestructura vial, educacional, hospitalaria en las zonas afectadas y en todo el país, con diseños e infraestructura adecuada para una vida digna y segura. El proceso de reconstrucción no puede ser convertido en una gigantesco negocio sino ser diseñado con un control público a través de una entidad como la CORFO, reforzada con el personal, medios y recursos para llevar adelante esa tarea. Las organizaciones sociales deben tener acceso expedito a ese proceso para enfrentar la reconstrucción nacional en el marco de un gran movimiento democrático por la reconstrucción del país. Debe rescindirse las concesiones a las empresas
cuyas obras se derrumbaron.

5.- El sistema de comunicaciones librado al sector empresarial dejó en evidencia sus falencias aumentando con ello la angustia e incertidumbre de las familias a lo largo del país. 6 millones de celulares no permitían conectarse. El rol del Estado para que esto deje de ser un negocio y asegure un servicio garantizado no puede ser eludido por el peso de las concepciones neoliberales.

6.- Miles de trabajadores están en riesgo de ser lanzados a la cesantía por graves afectaciones de sus centros de trabajo o por problemas de insumos en otros casos. Debe restablecerse sin limitaciones el que esos trabajadores mantengan sus contratos y en el período de emergencia puedan seguir cursos de formación como se realizó durante el peor período de la crisis mundial reciente empleando los recursos del Fondo Solidario del Seguro de Desempleo.

7.- Muchos trabajadores independientes han perdido todos sus medios de trabajo. Un casdramático es el de los pescadores afectados por el maremoto pero no es el único. El Estado debe asumir la responsabilidad de otorgarles subsidios que les permitan reponer esos medios de trabajo a la brevedad y realizar con urgencia las obras de infraestructura ( muelles, pabellones de proceso y otros). Lo propio debe hacerse con otros trabajadores independientes en situación similar.

8.- Los empresarios pequeños y medianos han sido fuertemente golpeados por el sismo. Debediseñarse sin demora un programa de apoyo efectivo de líneas de créditos blandos con activo rol del Banco del Estado para capital fijo y capital de trabajo, consolidar las moratorias preanunciadas y decidir la postergación de pagos de impuestos, para permitir una rápida recuperación de su rol
productivo.

9.- La idea del Presidente electo de recuperar los equilibrios fiscales y de su ministro de Hacienda de reducir el déficit fiscal y de contraer la tasa de crecimiento del gasto público, ya presente en el actual Presupuesto, debe ser dejada de lado. El país dispone de recursos para desplegar una política expansiva y el incremento del gasto público puede ser financiado El Fondo de Estabilización Económica y Social (FESES) contaba con 11.284 millones de dólares, cifra que hoy es mayor. Este dinero, que es de todos los chilenos, parte del cual ya fue utilizado durante la crisis, debe ser empleado racional y responsablemente para enfrentar la catástrofe ingresando esos recursos al país sin presionar la reevaluación del peso. Esto no excluye el empleo de recursos del 2% constitucional para enfrentar los problemas inmediatos que son de urgente atención. Adicionalmente, debe proponerse un reforma tributaria que eleve a un 30% la tributación del capital como en los países de OCDE a la que Chile viene de integrarse y establecer sin demora el cobro de un royalty a las transnacionales que explotan el cobre chileno.

10.- Es indispensable instalar un sistema nacional para enfrentar emergencias donde todos los órganos del Estado, incluyendo las FF.AA., Carabineros de Chile y Bomberos y una adecuada participación de la sociedad civil diseñen resguardos y acciones inmediatas a realizar en cada caso.

11.- Planteamos la creación de una Comisión Nacional de personalidades que acoja las peticiones de las víctimas y damnificados.

12.- La magnitud de las insuficiencias de desarrollo nacional democrático que ha dejado en evidencia el desastre ocurrido plantea con urgencia la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo del país. Se requiere sin tardanza proyectar y poner en marcha un proceso de industrialización que ponga fin a un modelo centrado esencialmente en nuestros recursos naturales sin incorporación de valor agregado.

Propondremos una inmediata y amplia discusión en ambas Cámaras, televisada a todo el país, sobre la situación creada y el modo de enfrentarla con acceso al debate de organizaciones sociales, damnificados, FF.AA. y de orden, bomberos, organismos científicos y otras entidades.

Partido Comunista de Chile

Valparaíso, 11 de marzo de 2010