Diputado Hugo Gutiérrez en La Tercera

Foto: elciudadano.cl


Una mala determinación Politica:

El actual director nacional de Gendarmería de Chile, Iván Andrusco, fue integrante de un organismo de seguridad de la dictadura de Augusto Pinochet: la Dicomcar. Esta organización estuvo involucrada en violaciones a los derechos humanos. Sin duda, la más emblemática fue el asesinato, por degollamiento, de Guerrero, Parada y Nattino. He sostenido que esta sola circunstancia hace carecer a Andrusco de la idoneidad moral para ser la más alta autoridad de una repartición pública.

Por el contrario, otros han perseverado en señalar que sí la tendría, por cuanto no ha sido requerido judicialmente. Es decir, vinculan la idoneidad moral con la existencia de una resolución judicial condenatoria en un juicio penal, lo que es evidentemente errado. Es sabido que las responsabilidades administrativas o políticas son independientes de la responsabilidad penal. Huelgan los ejemplos de cuando una persona es apartada de la administración pública por carecer de la necesaria probidad pública, sin que traiga aparejado un reproche penal.

Entonces, para mis detractores, Andrusco tiene la autoridad moral, porque no ha sido condenado en un caso de violaciones a los derechos humanos. Pero, curiosamente, el Presidente Piñera ha estimado que no tienen esa idoneidad moral quienes aparecen en el boletín comercial, como le ocurrió al gobernador de la provincia de Los Andes.

Es lo que podríamos llamar el síndrome Pinochet. A la derecha le importaron más los actos de corrupción cometidos por la dictadura, que la barbarie desatada contra sus opositores políticos. Pareciera que el derecho de propiedad tiene más relevancia que la vida o la integridad física o psíquica de las personas.

Hoy los defensores de Andrusco exigen un debido proceso, garantías y un tribunal competente e imparcial que lo juzgue, y hasta una sentencia judicial condenatoria para privarlo de su cargo. Pero ellos mismos ayer se la negaron a miles de compatriotas que fueron fusilados y torturados sin juicio alguno, sólo por las ideas que sustentaban.

En nuestro mundo civilizado, ¿alguien podría pensar que un integrante del Ku Klux Klan forme parte del gobierno de Obama? ¿O un miembro de la Triple A en Argentina puede ser parte del gobierno de Fernández? Pero en Chile designar a algún miembro de la Dina o CNI, que nunca ha sido condenado, a menos que ahora lo fuera por el caso del general Prats y su señora, por ejemplo, no resulta descabellado.

El otro argumento para probar la idoneidad moral de Andrusco es que habría sido ascendido en los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. No formé parte de esos gobiernos y no tengo por qué hacerme cargo de sus decisiones. Mas aun cuando no compartí las que tomaron en derechos humanos.

El caso Andrusco resulta, a la postre, un buen ejemplo de la mala calidad de la transición a la democracia chilena; un buen ejemplo de una clase política débil, carente de convicción democrática y de vocación por los derechos humanos. También, un buen ejemplo de una sociedad civil que no se empodera de sus derechos para exigir un mínimo de coherencia.

Quiero creer que la promesa que hiciera el Presidente Piñera de defender y promover los derechos humanos se va a traducir en la petición de renuncia de Andrusco, a fin de que la discusión entre gobierno y oposición, consustancial a toda democracia, se dé en el plano de las ideas, por cuanto sobre el respeto integral a los derechos humanos debe existir un común denominador.

Fuente: La Tercera